A
pesar de sus 200 años de vida, que en comparación con otras naciones es un
tiempo corto de existencia, la República Argentina ha atravesado procesos
históricos que han marcado a fuego la época en donde se produjeron, y el futuro
de la sociedad en su conjunto.
Más
precisamente a lo largo del siglo XX, nuestro país ha sufrido el flagelo de los
golpes de estado y las dictaduras militares. En total, fueron seis: en los años
’30 Uriburu derrocó a Yrigoyen; en 1943 Castillo fue depuesto a manos del Grupo
de Oficiales Unidos (GOU); en el año ´55 Lonardi y Aramburu sucedieron a Perón;
en 1962 Guido jura como presidente en lugar de Illia; en el ´66 Frondizi fue
destituido a manos de Onganía, y por último, en el año 1976 el autodenominado
‘Proceso de reorganización nacional’ tomó el poder, que estaba en manos de Isabel
Perón. Durante todos los gobiernos coercitivos, la carta magna del país, la
Constitución Nacional, no fue respetada ni tenida en cuenta.
Dada
la cercanía en el tiempo y por los crímenes atroces que se cometieron durante
la misma, la última dictadura militar es considerada como los años más oscuros
del país. Las políticas represivas instaladas durante los sucesivos mandatos
del proceso dejaron como saldo cientos de miles de personas desaparecidas, y el
Estado de derecho se redujo a su mínima expresión. De la mano, las medidas
bélicas, como la guerra de Malvinas, daban cuenta del totalitarismo presente.
Como
todo estado totalitario que se precie de ser tal, la Junta Militar trató de
acallar todas las voces que se oponían a su ideal de gobierno, o que
simplemente diferían en simples cuestiones. Por ejemplo, estableció en su
comunicado número 19 que ‘al que por cualquier medio difundiere, divulgare o
propagare noticias, comunicados, imágenes con el propósito de perturbar,
perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o
policiales’ sería penado con diez años de reclusión.
Dicho
acta anulaba de plano el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reza que
‘todo habitante de la Nación goza del derecho de publicar sus ideas por la
prensa sin censura previa’. ¿Quién iba a osar expresar sus opiniones con el
riesgo de ‘pena de reclusión’? En realidad, el peligro máximo era su propia
desaparición. La libertad de expresión estaba altamente restringida, o
directamente se puede decir que era nula, en otro hecho inconstitucional.
(NdeR: Art. 32 de la CN: ‘el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan
la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal)
El
escritor y periodista Rodolfo Walsh denunció las atrocidades cometidas por la
dictadura en su ‘Carta abierta de un escritor a la Junta Militar’, en el año
1977, un año después de asumido el gobierno de facto. A riesgo de perder su
propia vida, como finalmente sucedió, ejerció su derecho humano a la expresión
por el compromiso de comunicar a la sociedad lo que ocurría en aquel momento.
La
censura impuesta por la dictadura militar, a través de la Dirección de
Inteligencia, alcanzó a la literatura nacional y latinoamericana, así como
también a los cantautores populares de la época. Escritores como Paulo Freire,
Mario Vargas Llosa o clásicos como de Saint-Exupery fueron prohibidos para la
distribución y utilización en instituciones educativas. Cantantes como Mercedes
Sosa, Piero, Horacio Guaraní y León Gieco tuvieron que exiliarse en el
exterior, por miedo a ser secuestrados por las fuerzas armadas.
A
principios de la década del ’80, el descontento social iba en aumento y el
gobierno de facto decidió convocar a elecciones para 1983. Con el retorno de la
democracia, el Estado de Derecho fue reinstaurado gradualmente, al mismo tiempo
que los crímenes y violaciones militares eran juzgados.
La
Argentina progresó en materia de derechos humanos y libertad de expresión,
dándole jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Así mismo,
agregó a la Constitución Nacional (en la Reforma del ’94) artículos tales como
el 42, de información adecuada y veraz; y el 43, que habla sobre el secreto
profesional de un periodista o investigador.
Hoy
en día, bien entrados en el siglo XXI, podemos hablar de que el Gobierno actual
libra una batalla contra los grandes monopolios de la información. La nueva Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual brinda el marco propicio para que
ambos lados argumenten a su favor. Pero lo verdaderamente importante se da por
descontado, por sobreentendido: es el hecho de que el debate se pueda llevar a
cabo.
Listado de canciones prohibidas durante la dictadura: http://bit.ly/11PfZ35
